Sucede con los periodistas que a veces levantan la voz. Y la voz de los periodistas, todo el mundo lo sabe, puede llegar muy lejos: es su trabajo. Cuando a la labor de los periodistas se une la de editores, grafistas, actores de doblaje, entonces la potencia de sus mensajes se multiplica.

Ayer se publicaba el vídeo que abre la página. Es una animación realizada sin duda por trabajadores de Telemadrid que, indignados, han decidido denunciar lo que a sus ojos es una tropelía, esto es, la gestión que durante los últimos años se ha efectuado de la cadena pública. Censura, nepotismo, despilfarro y- en definitiva- corrupción son los males que aquejan, según el vídeo, al Ente.

Autonómicas

El modelo de televisión pública regional está en crisis. Con las arcas vacías, la esfera política cuestiona la importancia de este servicio público frente a otros como la Sanidad o la Educación, cruda y duramente recortados en sus presupuestos. Y es que ver la tele no es tan importante como ser convenientemente operado de apendicitis.

Los recientes cambios en la Ley General de la Comunicación Audiovisual permiten además que las televisiones autonómicas externalicen toda su producción (la Ley dice textualmente que «las Comunidades Autónomas podrán acordar transformar la gestión directa del servicio en gestión indirecta, mediante la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del servicio»).

No se han hecho esperar, los cambios en la gestión. De hecho, desde la publicación de la nueva Ley en agosto de este año, ya tres televisiones autonómicas han decidido recurrir a este modelo de televisión pública íntegramente producida por empresas privadas. En concreto, son la televisión extremeña, la aragonesa y también (en esta misma semana se anunciaba) la balear. Y curiosamente, en los tres casos citados, la empresa adjudicataria ha sido Vértice 360º.

Modelo público-privado

En nuestro editorial titulado «De la televisión» citábamos algunos puntos que nos parecen esenciales a la hora de replantearse el estatuto de las televisiones públicas. Ahora, a la luz de este vídeo, conviene que incidamos un poco más en el modelo de producción.

Los indignados realizadores del vídeo proponen que la programación de Telemadrid sea íntegramente producida por los trabajadores de la cadena. Obviamente, si una televisión tiene recursos propios disponibles, carece de sentido que los desaproveche. Externalizar tareas que podrían ser realizadas por trabajadores internos es pagar dos veces por el mismo producto. Y hasta ahí tienen razón.

Sin embargo, lo que el vídeo parece no tener en cuenta es el hecho de que muchas televisiones autonómicas están sobredimensionadas, es decir, son mayores de lo necesario. El caso claro es el de la valenciana Canal 9, donde acaban de deshacerse de 1200 empleados. Para que os hagáis una idea de lo desproporcionado de esta cifra, diremos que la plantilla completa de TPA -la autonómica asturiana- ronda el centenar de empleados. Claro que la Comunidad Valenciana y Asturias son dos regiones bien distintas en cuanto a tamaño: el Principado cuenta con un millón de habitantes y la Comunidad Valenciana, con cinco. Pero las cifras siguen sin cuadrar.

¿Y por qué han crecido tanto algunas televisiones autonómicas? Pues la respuesta no es sencilla y no se debe a un único motivo, pero hay que tener en cuenta la componente sociohistórica: Canal 9, como Telemadrid, o la vasca, o la catalana, o la gallega, nacen en una situación bien distinta a la actual; Internet no existía (o al menos en España nadie lo usaba), la TDT tampoco, ni los operadores de cable. Y por esa razón, crecieron mucho -al igual que Telecinco o Antena 3- para cubrir una demanda que con el tiempo ha desaparecido o, mejor dicho, se ha diseminado entre la múltiple oferta televisiva. Así que ahora, ante la nueva situación -del mismo modo que ya hicieran Telecinco o Antena 3- están obligadas a redimensionarse, si quieren sobrevivir.

Las privadas, por su parte, han aunado fuerzas, han adquirido más canales -que sirven para reciclar contenidos ya emitidos-, han apostado decisivamente por Internet como vía de difusión y, en definitiva, han cambiado su modelo de negocio hasta adecuarlo a los nuevos tiempos. Porque así son las empresas, quizás despiadadas, quizás salvajemente capitalistas, pero indudablemente más flexibles (y rápidas en sus reacciones) que el Estado. Y al Estado (con sus múltiples comunidades autónomas) ahora le toca decidir cuál ha de ser el tamaño de sus televisiones públicas y qué posición deben ocupar en el tablero de juego.

Designar a una única empresa privada para que gestione íntegramente una televisión pública, a nuestro entender, es una salvajada. Sobre todo si los trabajadores que ganaron su oposición van a ser despedidos, o recontratados por la empresa adjudicataria. Pero también porque una televisión autonómica surge, entre otras cosas, para contribuir a desarrollar el tejido industrial de una región, es decir, para crear empresas, empleo, riqueza. Si solo hay una empresa beneficiada, ¿qué clase de crecimiento es aquél?

El modelo ha de ser, entendemos, diferente. Partiendo de una gestión pública de los recursos públicos, la empresa privada no puede convertirse en un convidado de piedra: tiene mucho que aportar. Y desde este modelo público-privado, las reformas estructurales de las televisiones autonómicas deberían pasar por una adecuación de la programación a las necesidades reales (no pasa nada por no emitir las 24 horas), una mayor colaboración entre distintos agentes (FORTA, FORTA), un (re-)aprovechamiento de los recursos disponibles y una ambición de excelencia como guía última de sus acciones (publicidad de las contrataciones, calidad de los contenidos, rigor de las informaciones, independencia de los periodistas…).

Pero como esto, que se sepa, no ha sucedido más que en la BBC, podemos esperar sentados.

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