Telemadrid se revuelve

Sucede con los periodistas que a veces levantan la voz. Y la voz de los periodistas, todo el mundo lo sabe, puede llegar muy lejos: es su trabajo. Cuando a la labor de los periodistas se une la de editores, grafistas, actores de doblaje, entonces la potencia de sus mensajes se multiplica.

Ayer se publicaba el vídeo que abre la página. Es una animación realizada sin duda por trabajadores de Telemadrid que, indignados, han decidido denunciar lo que a sus ojos es una tropelía, esto es, la gestión que durante los últimos años se ha efectuado de la cadena pública. Censura, nepotismo, despilfarro y- en definitiva- corrupción son los males que aquejan, según el vídeo, al Ente.

Autonómicas

El modelo de televisión pública regional está en crisis. Con las arcas vacías, la esfera política cuestiona la importancia de este servicio público frente a otros como la Sanidad o la Educación, cruda y duramente recortados en sus presupuestos. Y es que ver la tele no es tan importante como ser convenientemente operado de apendicitis.

Los recientes cambios en la Ley General de la Comunicación Audiovisual permiten además que las televisiones autonómicas externalicen toda su producción (la Ley dice textualmente que “las Comunidades Autónomas podrán acordar transformar la gestión directa del servicio en gestión indirecta, mediante la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del servicio”).

No se han hecho esperar, los cambios en la gestión. De hecho, desde la publicación de la nueva Ley en agosto de este año, ya tres televisiones autonómicas han decidido recurrir a este modelo de televisión pública íntegramente producida por empresas privadas. En concreto, son la televisión extremeña, la aragonesa y también (en esta misma semana se anunciaba) la balear. Y curiosamente, en los tres casos citados, la empresa adjudicataria ha sido Vértice 360º.

Modelo público-privado

En nuestro editorial titulado “De la televisión” citábamos algunos puntos que nos parecen esenciales a la hora de replantearse el estatuto de las televisiones públicas. Ahora, a la luz de este vídeo, conviene que incidamos un poco más en el modelo de producción.

Los indignados realizadores del vídeo proponen que la programación de Telemadrid sea íntegramente producida por los trabajadores de la cadena. Obviamente, si una televisión tiene recursos propios disponibles, carece de sentido que los desaproveche. Externalizar tareas que podrían ser realizadas por trabajadores internos es pagar dos veces por el mismo producto. Y hasta ahí tienen razón.

Sin embargo, lo que el vídeo parece no tener en cuenta es el hecho de que muchas televisiones autonómicas están sobredimensionadas, es decir, son mayores de lo necesario. El caso claro es el de la valenciana Canal 9, donde acaban de deshacerse de 1200 empleados. Para que os hagáis una idea de lo desproporcionado de esta cifra, diremos que la plantilla completa de TPA -la autonómica asturiana- ronda el centenar de empleados. Claro que la Comunidad Valenciana y Asturias son dos regiones bien distintas en cuanto a tamaño: el Principado cuenta con un millón de habitantes y la Comunidad Valenciana, con cinco. Pero las cifras siguen sin cuadrar.

¿Y por qué han crecido tanto algunas televisiones autonómicas? Pues la respuesta no es sencilla y no se debe a un único motivo, pero hay que tener en cuenta la componente sociohistórica: Canal 9, como Telemadrid, o la vasca, o la catalana, o la gallega, nacen en una situación bien distinta a la actual; Internet no existía (o al menos en España nadie lo usaba), la TDT tampoco, ni los operadores de cable. Y por esa razón, crecieron mucho -al igual que Telecinco o Antena 3- para cubrir una demanda que con el tiempo ha desaparecido o, mejor dicho, se ha diseminado entre la múltiple oferta televisiva. Así que ahora, ante la nueva situación -del mismo modo que ya hicieran Telecinco o Antena 3- están obligadas a redimensionarse, si quieren sobrevivir.

Las privadas, por su parte, han aunado fuerzas, han adquirido más canales -que sirven para reciclar contenidos ya emitidos-, han apostado decisivamente por Internet como vía de difusión y, en definitiva, han cambiado su modelo de negocio hasta adecuarlo a los nuevos tiempos. Porque así son las empresas, quizás despiadadas, quizás salvajemente capitalistas, pero indudablemente más flexibles (y rápidas en sus reacciones) que el Estado. Y al Estado (con sus múltiples comunidades autónomas) ahora le toca decidir cuál ha de ser el tamaño de sus televisiones públicas y qué posición deben ocupar en el tablero de juego.

Designar a una única empresa privada para que gestione íntegramente una televisión pública, a nuestro entender, es una salvajada. Sobre todo si los trabajadores que ganaron su oposición van a ser despedidos, o recontratados por la empresa adjudicataria. Pero también porque una televisión autonómica surge, entre otras cosas, para contribuir a desarrollar el tejido industrial de una región, es decir, para crear empresas, empleo, riqueza. Si solo hay una empresa beneficiada, ¿qué clase de crecimiento es aquél?

El modelo ha de ser, entendemos, diferente. Partiendo de una gestión pública de los recursos públicos, la empresa privada no puede convertirse en un convidado de piedra: tiene mucho que aportar. Y desde este modelo público-privado, las reformas estructurales de las televisiones autonómicas deberían pasar por una adecuación de la programación a las necesidades reales (no pasa nada por no emitir las 24 horas), una mayor colaboración entre distintos agentes (FORTA, FORTA), un (re-)aprovechamiento de los recursos disponibles y una ambición de excelencia como guía última de sus acciones (publicidad de las contrataciones, calidad de los contenidos, rigor de las informaciones, independencia de los periodistas…).

Pero como esto, que se sepa, no ha sucedido más que en la BBC, podemos esperar sentados.

Ver vídeo

De la televisión

En estos días inciertos para las televisiones públicas -ya sean de rango nacional o autonómico- debido a los recortes presupuestarios y otras amenazas que pesan sobre ellas, creemos que conviene reflexionar acerca de la función social que estas instituciones desempeñan. Con tal propósito, mencionamos a continuación algunos puntos que consideramos clave a la hora de decidir sobre su futuro y/o fijar prioridades en cuanto a programación se refiere.

Contexto histórico

Los medios oficiales de comunicación siempre han existido. Si nos remontamos lo suficiente, podríamos incluso considerar que los rapsodas y aedos de la Grecia clásica -que narraban, al ritmo de la música, las aventuras de Ulises y compañía- cumplían una función de divulgadores de la Ética y la Moral oficiales. Pero, sin hilar tan fino, podemos fácilmente remontarnos a los tiempos de los Reyes Católicos y encontrar medios de comunicación de corte oficial que -potenciados por el invento que revolucionaría el mundo: la imprenta- conseguían hacer llegar al pueblo aquella información que los poderosos consideraban de interés. Evidentemente, este tipo de prensa -los “mercurios”, que se llamarían después- se encontraba sometida a un férreo control por parte de los gobernantes que la sufragaban.

Aunque la prensa clandestina -subversiva- creció paralelamente a la prensa de corte oficial, no fue hasta el siglo XVIII que los periodistas -o gacetilleros- empezaron a gozar de cierta autonomía, estableciendo las bases del libre periodismo. Y fueron las revoluciones sociales de finales del XVIII (Revolución Francesa, Estados Unidos…), con sus nuevos sistemas de gobierno -República, Democracia, Monarquía parlamentaria-, las que crearon el campo de juego en el que la prensa se está debatiendo desde entonces.

Principios

  • El poder es del pueblo

En un Estado democrático, como el español, la Soberanía es popular. Aunque se trate de una Democracia representativa -ya que delegamos en ciertas personas para que se encarguen de la gestión estatal-, los ciudadanos tenemos voz y voto en las cuestiones públicas.

  • Para valorar es preciso saber

Es imposible opinar sobre algo que se desconoce. Preguntar a un analfabeto si “hucha” se escribe con hache, no tiene sentido. Del mismo modo, preguntar a un ciudadano si está a favor o en contra de una política de la que jamás ha oído hablar resulta ridículo.

  • Los medios de comunicación crean comunidad

Comunicar significa “poner en común“. Los medios de comunicación sirven para poner en común ideas, hechos, emociones, etc, de modo que un determinado grupo de personas se convierta en una comunidad.

  • Informar, formar y entretener

Las funciones básicas de un medio de comunicación, en un Estado democrático son, por orden de prioridad, las de informar, formar y entretener. Informar para que el ciudadano pueda participar en la vida pública, lo cual es su derecho. Formar para que sus decisiones estén basadas en argumentos sólidos, por el bien de todos. Y entretener, porque el ocio -el juego- forma parte de la esencia humana tanto como el negocio.

  • Vigilancia social

Del mismo modo que, en sociedades complejas, compuestas por millones de personas, delegamos en ciertos individuos y colectividades para que se encarguen de la administración del Estado, también delegamos en otras para que se encarguen de vigilar esa administración e informarnos de lo más relevante: los periodistas.

  • Independencia, libertad e integridad

Para que la información que llegue al pueblo sea útil y no esté contaminada por intereses de cualquier índole, el periodista debe ser independiente de cualquier presión ideológica, libre para expresar sus opiniones, e íntegro en el desarrollo de su labor, conforme a los Códigos Deontológicos de la profesión.

  • Empresa frente a Estado

Si bien a un medio de comunicación privado se le debe exigir que, en sus informaciones, respete la verdad de los hechos, no se le puede exigir que informe, o que forme. Habrá, por ejemplo, en la esfera privada, medios de comunicación totalmente orientados al entretenimiento y esto no es condenable. En cambio, los medios de comunicación públicos -pagados con los impuestos de los ciudadanos- nacen con una vocación de servicio público, es decir, nacen con la función primordial de informar, con verdad, con independencia, con rigor; con la función de formar; y con la función de entretener, si fuera menester. Los dirigentes políticos deben garantizar la efectividad de este servicio público y para ello -para asegurar su total independencia- deberían alejarse por completo de su gestión.

  • Información regional

En una sociedad plural, en un “Estado de las Autonomías”, los medios de comunicación públicos deben reflejar esta pluralidad y propiciar el acceso de todos los ciudadanos, de cualquier región del país, a la información pública. En este principio se basa la existencia de las televisiones autonómicas, por ejemplo, puesto que su función es cubrir en detalle los acontecimientos de la región en que se hallen.

  • Desarrollo socio-económico y cultural

Los medios de comunicación son vehículos de cultura y agentes dinamizadores del desarrollo socio-económico. Al abrigo de una televisión pública, por ejemplo, nacen multitud de empresas dedicadas a labores tan diversas como la construcción de decorados, la grabación de música, la formación de actores, o la iluminación de exteriores. Una televisión potencia el tejido empresarial de una región, crea cientos de puestos de trabajo y diversifica las áreas laborales: es riqueza.

Medidas

Últimamente,  se están adoptando diversas medidas desde la esfera política que van en detrimento de los medios de comunicación públicos. Por ejemplo, se ha modificado la Ley que regulaba el nombramiento del Presidente de Radio Televisión Española. Se ha despedido a 1200 trabajadores de Canal 9. Se ha aprobado un proyecto de Ley que permite a las Autonomías privatizar sus televisiones públicas. Y se han realizado sangrantes recortes presupuestarios, sin mencionar los conocidos impagos por parte del anterior Gobierno del Principado de Asturias a RTPA, que ya se están dirimiendo en los Tribunales y amenazan con hundir la cadena y con ella a decenas de empresas.

Por otra parte, la muy deficiente gestión de algunas televisiones por parte de sus responsables ha llevado a la quiebra técnica y -lo que es peor- al descrédito de estas instituciones. La ciudadanía ha perdido la confianza en los medios de comunicación públicos y ha olvidado que son una herramienta útil a su servicio.

Prioridades

Ante una situación de crisis como la actual, es fundamental fijar prioridades, de modo que se pueda distinguir lo prescindible de lo imprescindible y así reorientar las políticas. Las televisiones públicas son imprescindibles para garantizar la participación ciudadana en la gestión pública. Si se pierden las televisiones públicas, se pierde la Soberanía popular. Su programación puede ser objeto de variaciones -parte de ella será prescindible-, pero una televisión pública siempre tendrá que atender al mandato que la legitima. A tal objeto, proponemos:

  • Que se mantenga la titularidad pública de todas las televisiones públicas.
  • Que se ajuste su dimensión en función del tamaño de la población a la que presten servicio. Esto podría implicar un recorte en las horas de emisión.
  • Que los contenidos primen la información -en sus múltiples géneros: noticia, reportaje, crónica, documental…- y la formación, en detrimento de contenidos de entretenimiento (series, reality shows, eventos deportivos…)
  • Que los contenidos sean producidos por la propia plantilla de la televisión, o por empresas de su área de influencia, con especial presencia de las pequeñas y medianas.
  • Que se potencie la colaboración entre distintas televisiones con el fin de compartir contenidos que tengan interés fuera de sus respectivas áreas de influencia. Esto se traduce en una eficaz reestructuración de la Federación de Organismos de Radio Televisión Autonómicos (FORTA).
  • Que se modifiquen los Estatutos de las televisiones públicas de modo que sus Consejos de Administración no estén compuestos por políticos, sino por notables procedentes de las Universidades y por periodistas de reconocido prestigio que garanticen la independencia del medio.
  • Que se pulse la opinión de los trabajadores de las distintas cadenas y se implementen mejoras propuestas por ellos.
  • Que se modifique la legislación de Derechos de Autor en un sentido que permita y promueva la utilización por parte de los ciudadanos de los fondos documentales de las televisiones públicas.
  • Que la gestión de las televisiones esté permanentemente sometida a auditorías externas, de modo que se garantice la transparencia en la contratación y la eficiencia de las inversiones.
  • Que se depuren responsabilidades por vía penal de las gestiones anteriores.

Todo lo anterior se ha dicho en referencia exclusiva a las televisiones públicas y no aspira más que a ser un análisis somero de la situación y una propuesta de mejora. Si quisiera hacerse hincapié en el estado actual del periodismo en España, habría que hablar sobre la transparencia -la opacidad- de la Administración, sobre el despotismo de algunos dirigentes (que celebran ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas), sobre la precaria situación laboral de los trabajadores, sobre el intrusismo laboral y sobre otras mil cuestiones que exceden los límites de este editorial y que pueden leerse en manifiestos de las Asociaciones de Periodistas, o de Reporteros Sin Fronteras. Y es que, del mismo modo que el ciudadano tiene derecho a ser informado, también tiene el deber de informarse.

Periodismo a la cara

El Tribunal Constitucional ha condenado a la Televisión Autonómica Valenciana y a Canal Mundo Producciones Audiovisuales a pagar una indemnización de 30.000 euros por grabar prácticas irregulares de una esteticista con cámara oculta. Es la primera vez que el Constitucional se pronuncia en este sentido, por lo que la sentencia amenaza con desterrar dicha técnica periodística.

La cámara oculta se utiliza en periodismo para obtener declaraciones que no se obtendrían de otro modo: es una parte sustancial del periodismo de investigación. Un jefe mafioso, un traficante de personas, un político corrupto, jamás declararán abiertamente sus delitos ante una cámara.

FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y RSF, Reporteros sin Fronteras, se han opuesto enérgicamente a esta sentencia del Constitucional, porque consideran que despojar al periodista de esta herramienta cercenará su margen de maniobra y por tanto empobrecerá la calidad de los contenidos, en aquellos casos en los que el periodismo es especialmente útil, esto es, en los casos de abuso de poder.

El Tribunal Constitucional hace prevalecer en este conflicto el Derecho a la Intimidad y la Propia Imagen sobre el Derecho a la Libertad de la Información y señala que el uso de cámaras ocultas para la cobertura de hechos periodísticos no es legítimo -“está constitucionalmente prohibido”-, aún tratándose de hechos con un interés general.

La sentencia se refiere a imágenes captadas mediante cámara oculta en un lugar privado (en una clínica), y la duda que asalta es si el Tribunal se habría pronunciado de igual modo si las imágenes se hubieran captado en un lugar público -aunque  la sentencia da a entender que también, porque lo ilegal es la técnica en sí misma-.

Asimismo, surgen otras controversias sobre el uso de cámaras ocultas por parte de otros colectivos profesionales. La policía, los vigilantes de seguridad, utilizan cámaras ocultas a diario en el ejercicio de su trabajo. ¿Su derecho a prevenir y castigar el crimen es más importante que el derecho de los periodistas a informar sobre delitos? Recordemos que, en ambos casos, el objetivo es denunciar actividades ilegales; que, en ambos casos, el individuo no es consciente de estar siendo grabado, por lo que no puede oponerse a ello; que el Derecho a la Propia Imagen prevalece en esta Sentencia sobre el interés general -y así debería prevalecer en ambos casos-; y que el Tribunal Constitucional no cuestiona en este caso la veracidad de la información ofrecida, sino que se limita a condenar las grabaciones efectuadas sin consentimiento. Y su publicación, claro. ¿Y si, al publicar, se ocultara la identidad del delincuente, distorsionando imagen y sonido? En ese caso, no habría lesión a la Propia Imagen… La polémica está servida.

Sentencia