El astillero

Dicen que las neuronas espejo son las responsables de nuestros sentimientos de empatía. Cuando vemos a alguien sufrir, por ejemplo, y sentimos su dolor como propio, las culpables son estas neuronas, que nos hacen creer que el dolor es en realidad propio. Claro que no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de empatía.

Imaginemos que somos los propietarios de una peluquería (hagamos ese pequeño ejercicio de empatía). Tenemos un local, el equipamiento necesario y contrato con cuatro empleados que trabajan bien. La peluquería da mucho trabajo, dinero para que vivamos todos, pero no para hacernos ricos. Imaginemos que, cierto día, viene alguien que quiere comprar el local y nos ofrece mucho más de lo que en su día pagamos por él. Este inversor ha encontrado petróleo en el subsuelo y está dispuesto a desembolsar una cantidad astronómica. Nosotros echamos cuentas y vemos que, si aceptáramos, no necesitaríamos trabajar más, durante el resto de nuestra vida, viviríamos holgadamente y podríamos pagar a los empleados no sólo la indemnización legal por cierre de negocio, sino una buena cantidad, para que tengan un «colchón» mientras que encuentran otro empleo.

¿Quién no vendería?

Ahora imaginemos que, en lugar de los propietarios, somos trabajadores en esa peluquería. Los propietarios anuncian que van a cerrarla, porque han encontrado otro modo de rentabilizar ese suelo, o por la causa que sea. Lo cierto es que, en un breve plazo, nosotros, empleados, estaremos sin empleo. Perder el empleo es una tragedia, todo el mundo lo sabe. Hay muchas facturas que pagar, personas dependientes de uno… Una tragedia.

¿Qué haríamos?

La mayoría de nosotros, seguramente, buscar otro empleo y cuanto antes, mejor. La indemnización y el subsidio por desempleo se acaban más pronto que tarde y hay que reaccionar. Otros, en cambio, la emprenderían contra el empresario, contra el dueño de la peluquería. Romperían el mobiliario, armarían mucho ruido, cortarían calles y tirarían piedras. Pero, al final, perderían igualmente su empleo, porque el empresario no está obligado a mantener la peluquería, es decir, es libre de cerrarla.

En el año 2007 salía a la luz el documental titulado «El astillero: disculpen las molestias», dirigido por Alejandro Zapico. Según publica una de las empresas productoras, Piraván, es «la historia de unos hombres que no se han quedado solos en la lucha por la supervivencia y la justicia», «que se han visto obligados a salir a la calle para defender sus puestos de trabajo».

«El astillero…» cuenta la historia de trabajadores de Naval Gijón que, a lo largo de siete años (de 2000 a 2007), luchan por mantener su puesto de trabajo en una empresa abocada al cierre (cierre que se produciría dos años después, en 2009). La película documenta profusamente las asambleas, manifestaciones y revueltas. Asimismo, entrevista a algunos de los trabajadores más jóvenes, al fotoperiodista Javier Bauluz -dueño de Piraván y por tanto productor del documental- y al director de cine Fernando León de Aranoa, que inspiró su célebre «Los lunes al sol» en estos mismos hechos.

El Periodismo, en su particular «lucha por la justicia», ha establecido sus propias reglas. Están escritas en diversos códigos éticos y en leyes que se estudian en la Universidad. El derecho a réplica es una de estas reglas (ver páginas 114 y ss.). Básicamente, consiste en proporcionar -durante la cobertura de un conflicto- la posibilidad de expresarse a todas las partes implicadas.

En «El astillero…» no se entrevista a ningún portavoz de Naval Gijón. Tampoco a nadie del Gobierno del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón, a jueces, o a portavoces de la Policía Nacional. La película se centra casi exclusivamente en las declaraciones de estos trabajadores y muy especialmente en las de los partidarios de las revueltas. Es, por tanto, una cobertura parcial del conflicto, sesgada.

Por su parte, la música festiva que acompaña a las imágenes de trabajadores encapuchados lanzando piedras contra la policía, rompiendo el mobiliario urbano, o quemando neumáticos en mitad de la calle, deja entrever que el director de «El Astillero…» no se limita a documentar, sino que también celebra estos actos violentos.

Por todo lo anterior, «El astillero…» se parece mucho más a una soflama que a una pieza informativa. Es «apología de la pedrada».

La violencia es, en sí misma, reprobable; cuando la ejerce el poder político, o cuando la ejerce un grupo de ciudadanos. El sufrimiento de los trabajadores de esa hipotética peluquería con la que comenzábamos no les legitima para ser violentos. La huelga, la reivindicación, la manifestación de las propias ideas, son derechos. La agresión es un delito.

Los periodistas deberían conocer bien estos límites y no ensalzar la violencia, es su responsabilidad. Muchos conocemos la frontera y la respetamos, y la prueba está en que cerca de 1000 personas ven hoy peligrar sus puestos de trabajo, en la Televisión del Principado de Asturias: las manifestaciones se suceden, las huelgas se secundan, pero nadie atenta contra la policía, o contra Álvarez Cascos. Muy al contrario, los periodistas de TPA siguen pidiendo entrevistar a un presidente que, unilateralmente -sin hacer caso a sus propias neuronas espejo- se niega a desembolsar los salarios que éstos necesitan para vivir.

Y es que no todos los seres humanos -ya se ha dicho- tenemos la misma capacidad de empatía.

Ficha técnicaDicen que las neuronas espejo son las responsables de nuestros sentimientos de empatía. Cuando vemos a alguien sufrir, por ejemplo, y sentimos su dolor como propio, las culpables son estas neuronas, que nos hacen creer que el dolor es en realidad propio. Claro que no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de empatía.

Imaginemos que somos los propietarios de una peluquería (hagamos ese pequeño ejercicio de empatía). Tenemos un local, el equipamiento necesario y contrato con cuatro empleados que trabajan bien. La peluquería da mucho trabajo, dinero para que vivamos todos, pero no para hacernos ricos. Imaginemos que, cierto día, viene alguien que quiere comprar el local y nos ofrece mucho más de lo que en su día pagamos por él. Este inversor ha encontrado petróleo en el subsuelo y está dispuesto a desembolsar una cantidad astronómica. Nosotros echamos cuentas y vemos que, si aceptáramos, no necesitaríamos trabajar más, durante el resto de nuestra vida, viviríamos holgadamente y podríamos pagar a los empleados no sólo la indemnización legal por cierre de negocio, sino una buena cantidad, para que tengan un «colchón» mientras que encuentran otro empleo.

¿Quién no vendería?

Ahora imaginemos que, en lugar de los propietarios, somos trabajadores en esa peluquería. Los propietarios anuncian que van a cerrarla, porque han encontrado otro modo de rentabilizar ese suelo, o por la causa que sea. Lo cierto es que, en un breve plazo, nosotros, empleados, estaremos sin empleo. Perder el empleo es una tragedia, todo el mundo lo sabe. Hay muchas facturas que pagar, personas dependientes de uno… Una tragedia.

¿Qué haríamos?

La mayoría de nosotros, seguramente, buscar otro empleo y cuanto antes, mejor. La indemnización y el subsidio por desempleo se acaban más pronto que tarde y hay que reaccionar. Otros, en cambio, la emprenderían contra el empresario, contra el dueño de la peluquería. Romperían el mobiliario, armarían mucho ruido, cortarían calles y tirarían piedras. Pero, al final, perderían igualmente su empleo, porque el empresario no está obligado a mantener la peluquería, es decir, es libre de cerrarla.

En el año 2007 salía a la luz el documental titulado «El astillero: disculpen las molestias», dirigido por Alejandro Zapico. Según publica una de las empresas productoras, Piraván, es «la historia de unos hombres que no se han quedado solos en la lucha por la supervivencia y la justicia», «que se han visto obligados a salir a la calle para defender sus puestos de trabajo».

«El astillero…» cuenta la historia de trabajadores de Naval Gijón que, a lo largo de siete años (de 2000 a 2007), luchan por mantener su puesto de trabajo en una empresa abocada al cierre (cierre que se produciría dos años después, en 2009). La película documenta profusamente las asambleas, manifestaciones y revueltas. Asimismo, entrevista a algunos de los trabajadores más jóvenes, al fotoperiodista Javier Bauluz -dueño de Piraván y por tanto productor del documental- y al director de cine Fernando León de Aranoa, que inspiró su célebre «Los lunes al sol» en estos mismos hechos.

El Periodismo, en su particular «lucha por la justicia», ha establecido sus propias reglas. Están escritas en diversos códigos éticos y en leyes que se estudian en la Universidad. El derecho a réplica es una de estas reglas. Básicamente, consiste en proporcionar -durante la cobertura de un conflicto- la posibilidad de expresarse a todas las partes implicadas.

En «El astillero…» no se entrevista a ningún portavoz de Naval Gijón. Tampoco a nadie del Gobierno del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón, a jueces, o a portavoces de la Policía Nacional. La película se centra casi exclusivamente en las declaraciones de estos trabajadores y muy especialmente en las de los partidarios de las revueltas. Es, por tanto, una cobertura parcial del conflicto, sesgada.

Por su parte, la música festiva que acompaña a las imágenes de trabajadores encapuchados lanzando piedras contra la policía, rompiendo el mobiliario urbano, o quemando neumáticos en mitad de la calle, deja entrever que el director de «El Astillero…» no se limita a documentar, sino que también celebra estos actos violentos.

Por todo lo anterior, «El astillero…» se parece mucho más a una soflama que a una pieza informativa. Es «apología de la pedrada».

La violencia es, en sí misma, reprobable; cuando la ejerce el poder político, o cuando la ejerce un grupo de ciudadanos. El sufrimiento de los trabajadores de esa hipotética peluquería con la que comenzábamos no les legitima para ser violentos. La huelga, la reivindicación, la manifestación de las propias ideas, son derechos. La agresión es un delito.

Los periodistas deberían conocer bien estos límites y no ensalzar la violencia, es su responsabilidad. Muchos conocemos la frontera y la respetamos, y la prueba está en que cerca de 1000 personas ven hoy peligrar sus puestos de trabajo, en la Televisión del Principado de Asturias: las manifestaciones se suceden, las huelgas se secundan, pero nadie atenta contra la policía, o contra Álvarez Cascos. Muy al contrario, los periodistas de TPA siguen pidiendo entrevistar a un presidente que, unilateralmente -sin hacer caso a sus propias neuronas espejo- se niega a desembolsar los salarios que éstos necesitan para vivir.

Y es que no todos los seres humanos -ya se ha dicho- tenemos la misma capacidad de empatía.

Ficha técnica

Dossier RTPA

El futuro de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), emisora pública creada en el año 2005, es incierto. A día de hoy, el Ente Público de Radiotelevisión ha dejado de percibir por parte del Principado los fondos que lo sostienen. Consecuentemente, los proveedores que han suscrito contratos con RTPA no están cobrando. Y los empleados están en vilo, puesto que la directiva de la Entidad asegura que no cuenta con dinero suficiente para abonar las nóminas de este mismo mes.

La intención del Gobierno del Principado es la de prescindir de una televisión autonómica que considera superflua y gravosa, lo cual ya había sido expresado en el programa electoral de su partido, Foro Asturias. En una situación de crisis, argumentan, la última prioridad es una televisión pública.

Demanda

RTPA ya ha anunciado que demandará al Gobierno del Principado de Asturias por un impago que inevitablemente desembocará en el cierre de la Entidad. Porque, aunque se estén manejando los términos «recorte» o «ajuste», lo cierto es que el impago que se está produciendo no es ninguna de estas dos cosas.

Los presupuestos destinados al mantenimiento de la emisora durante el año 2011 fueron aprobados por la Junta General del Principado en 2010 y publicados en la Ley de Presupuestos, por lo que al Gobierno actual le corresponde, con la Ley en la mano, atender a los pagos pertinentes, fuera cual fuera su programa electoral.

Hay que tener en cuenta que RTPA, basándose en los presupuestos aprobados, ha establecido contratos a lo largo de todo el año con proveedores de todo tipo, desde servicios de conexión vía satélite, hasta producción de contenidos, pasando por los servicios más básicos de mantenimiento, limpieza, electricidad, agua… Si RTPA no recibe el dinero que iba a recibir, no podrá atender a las facturas de sus proveedores los cuales, naturalmente, dejarán de prestarle servicio e iniciarán acciones legales contra ella.

Procedimientos

Antes o después, el Principado pagará sus deudas. Lo que sucede es que, si no reacciona a tiempo y el asunto se resuelve en los tribunales, el contribuyente tendrá que sufragar no sólo la cantidad que ahora se debe, sino también las multas por impago, las indemnizaciones por daños y perjuicios y las costas judiciales. Es decir, con esta medida, no sólo no se ahorra, sino que se pierde mucho dinero y se sobrecarga inútilmente los tribunales.

Si se desea cerrar una empresa pública (el Ente de Radiotelevisión del Principado es una Sociedad Anónima Unipersonal), o redimensionarla, ésta no es la vía. Es en la Junta General del Principado donde se deben dirimir tales cuestiones, y siempre en atención a los presupuestos del año siguiente. Si el presupuesto de 37 millones de euros anuales con que cuenta hoy RTPA es demasiado para unas arcas castigadas, se puede consensuar un presupuesto inferior. Si se desea reconvertir la empresa, aumentar en ella la participación privada -o privatizarla por completo-, cabe la posibilidad de hacerlo. Si se desea cerrarla, existen los procedimientos oportunos. Pero desatender las deudas nunca es una buena política.

Consecuencias 

De hecho, Asturias ya está pagando las consecuencias. La Agencia Internacional de Calificación Crediticia Fitch ha rebajado la nota de solvencia de la región, lo cual constituye el prólogo a una estampida de inversores. Desde múltiples foros se está demandando al Gobierno asturiano que pague sus deudas.

Los empleados de RTPA, por su parte, ya han iniciado una recogida de firmas contra el cierre. La mayoría de ellos obtuvieron su plaza mediante oposición (o concurso oposición) cinco años atrás y no entienden que la Administración se desentienda de este modo de las obligaciones contraídas.

El sector del audiovisual en Asturias se encuentra en plena emergencia. La creación en 2005 de la RTPA sirvió para que en un plazo de dos años se formaran 22 nuevas empresas audiovisuales en la región (un aumento del 19 por ciento sobre la cantidad anterior). Se calcula que en torno a 1000 familias obtienen hoy sus ingresos mediante actividades relacionadas con el Ente. RTPA ha propiciado la creación de un Cluster del Audiovisual en Asturias, de la Asturias Film Commission y ha posibilitado la existencia de la mayor escuela audiovisual de la región; en definitiva, ha impulsado el sector, haciéndole alcanzar cotas imposibles anteriormente. Pero esta andadura comenzó hace poco más de cinco años, y el audiovisual asturiano apenas ha tenido tiempo de despegar.

Gestión

Ciertamente, la gestión del Ente en los últimos años es criticable. No se ha fomentado tanto el desarrollo de empresas de la región como sería deseable. Por ejemplo, se han destinado inversiones millonarias a la adquisición de Derechos de retransmisión de la Fórmula 1, o de la Liga de fútbol, cuando estos contenidos estaban siendo emitidos simultáneamente por cadenas nacionales. Se ha practicado una opacidad en la contratación que fue denunciada por la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA). Se ha abusado de las conexiones en directo durante los informativos, no siempre justificadas, con el alto coste que ello implica. Y, según Francisco Álvarez Cascos, presidente del Principado, es un medio que «se ha puesto al servicio de la vanidad del Gobierno».

No obstante, Demométrica ha realizado una encuesta según la cual el 81 por ciento de los asturianos está satisfecho con RTPA. En buena medida, este balance positivo del ciudadano se basa en que el servicio que presta una televisión autonómica no tiene sustitutivos, es decir, ninguna televisión nacional ofrecerá la misma atención a una región en concreto que una televisión autonómica, y ése es un factor a tener en cuenta.

Reconversiones

El gran peso de la minería, la industria, la pesca y la ganadería en Asturias a lo largo del siglo XX provocó que, en los albores del siglo XXI, frente a la nueva situación impuesta, la economía asturiana tuviera que reconvertirse. Las actividades tradicionales dejaron de ser rentables para la región, el cumplimiento de la normativa europea restó competitividad y los asturianos se vieron obligados a explorar nuevos sectores productivos. Creció entonces exponencialmente el peso del turismo y también, progresiva y consecuentemente, el de la Cultura. La creación y acondicionamiento del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura ejemplifican bien esta reconversión.

RTPA acude a apoyar, desde la Cultura y desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, esta diversificación de la actividad económica de la región. No sólo crea empleo en el sector de la televisión, sino que sirve de embajador en todo el mundo a través de su canal en Internet -muy especialmente en Iberoamérica- y la producción cinematográfica asturiana, aunque aún es incipiente, podría encontrar a un gran aliado en la cadena, si ésta se mantuviera.

Su cierre denotaría un drástico cambio en las políticas de reconversión económica, más cuando también se teme por el futuro del Centro Niemeyer. ¿Asturias ya no aspira a convertirse en potencia turística, en capital cultural? ¿A qué han de dedicarse los asturianos, en qué deben invertir? ¿Dónde está la clave de la riqueza en Asturias? Volver a la mina no es una alternativa, después de haber cobrado millones de euros de los fondos europeos para la reconversión, así que la vía del turismo y la Cultura, toda vez que ya son caminos iniciados, no parecen tan mala opción.

Que TPA necesita un cambio -una evolución- es algo que incluso los propios empleados reconocen, pero su extinción, lejos de resolver la crisis, contribuirá a agravarla. Y en cualquier caso si -tal y como reza su Constitución- España es un Estado de Derecho, sería exigible que el Gobierno pagara sus deudas y cumpliera las leyes.