Superpoderes

Si pudieras tener uno de estos dos superpoderes… ¿cuál elegirías?

A- La invisibilidad

B- Detener el tiempo

Según cierta interpretación psico-socio-antropológica, la respuesta a esta pregunta nos indicará la catadura moral del sujeto que responde. Y es que el poder de la invisibilidad -decía aquél- sólo es útil si queremos hacer el mal; sólo nos servirá para hacer eso que no haríamos si todo el mundo nos estuviera observando.

En la nube

Las guerras de hoy ya no sólo se libran en el campo de batalla. Ahora existe un “no lugar” al que denominan “nube” o, más comúnmente, “Internet”. Se trata de un “no espacio” donde todos volcamos todo -lo poco importante y lo muy importante- con la confianza de que allí permanezca sin mácula. Controlar “la nube”, conocer sus recovecos, otorga un poder inmenso y se producen verdaderas guerras para tomar ese control.

Últimamente se ha conocido, con gran escándalo, que la Agencia de Seguridad estadounidense (NSA) espía las comunicaciones privadas. Es decir, ha adquirido el superpoder de la invisibilidad, puesto que mira de cerca sin ser vista.

Transparencia e intimidad

Si bien el individuo, en un Estado como el español, tiene derecho a la intimidad (a la inviolabilidad del domicilio, a que sus comunicaciones sean privadas, etc), la Administración tiene el deber, en cambio, de ser transparente, de publicar absolutamente todo lo relativo a su gestión. Como se ve, aunque estos principios estén así recogidos en las constituciones de numerosos países, en la realidad no se cumplen, sino todo lo contrario: las administraciones son opacas y el individuo está expuesto.

No habrá verdadera democracia hasta que no se invierta este signo. Mientras que los gobernantes tengan el superpoder de la invisibilidad, que aplican cuando les conviene -tanto para ver como para no ser vistos-, no podremos hablar de verdadera soberanía popular.

Tecnocracia y resistencia

Ahora bien, en la sociedad tecnológica los reyes no son precisamente los que portan corona, y si no, que se lo pregunten a Bill Gates. Ser un verdadero experto informático es algo tan valioso en nuestro mundo que bien podría hablarse del Régimen de los Técnicos, de una “tecnocracia”. Y ante una democracia deficiente como la que acabamos de describir, la tecnocracia se alza como alternativa salvaje.

Si los poderes (ejecutivo, económico…) son fuertes gracias a su dominio de la tecnología, el pueblo organizado no lo es menos. Si los gobiernos ejercen su poder de manera ilegítima (como por ejemplo la NSA al espiar las comunicaciones privadas), podría decirse que lo legítimo es defenderse, reaccionar. Y si la Administración no es transparente en su gestión -cuando en realidad está obligada a ello-, el pueblo soberano tiene derecho a exigir (y tomar) lo que es suyo.

Cualquiera diría que estamos alentando un golpe de Estado: nada más lejos de la realidad. Precisamente, es todo lo contrario: se trata de hacer cumplir las leyes y principios que nos sostienen, no unos nuevos, sino los que teóricamente nos rigen a día de hoy.

Anonymous

Y llegó la hora del documental. Se titula “Somos legión: la historia de los hacktivistas” y está dirigido por Brian Knappenberger en 2012. Describe la trayectoria del colectivo “Anonymous” desde sus orígenes en el M.I.T. (Instituto Tecnológico de Massachusetts) hasta el presente, y apunta varias razones para su auge y enorme seguimiento social. “Anonymous”, a la luz de este documental, es la legítima resistencia que antes mencionábamos: un nutrido grupo de expertos informáticos que lucha por devolver la soberanía al pueblo, significada en el libre acceso a la información pública -transparencia de los gobiernos- y en acciones colectivas contra abusos de autoridad. De hecho, las relaciones entre Wikileaks, el portal que ha revolucionado el periodismo, y Anonymous, son más que estrechas.

Claro que hay lugar para los canallas en Anonymous (la invisibilidad es un superpoder oscuro) pero -qué duda cabe- también hay justicieros en sus filas.

Ver documental en Youtube

*Nota: Los subtítulos en español de esta versión son nefastos.

Instrucciones para una revolución no violenta

La indignación crece en España y -si queremos mejorar la situación- tenemos que organizarnos. Todos sabemos que ya hay muchas acciones en marcha, protestas de todo tipo, pero quienes acudimos a la última gran manifestación (la del 19 de julio) pudimos comprobar que aún hay mucha desunión entre los ciudadanos. Los funcionarios por su paga extra, los mineros por la extinción del sector, los médicos por la sobrecarga, parados, estafados por las preferentes, republicanos, sindicalistas, jubilados, lesbianas… Cada uno protesta por lo suyo. Y se echa en falta un lema común, uno que nos una a todos, que nos dé fuerza y que sirva para resolver el fondo del problema.

“Basta de recortes” es un lema muy flojillo, estaremos de acuerdo. Y “la próxima visita será con dinamita” es un órdago a la grande, que no resulta nada creíble.

Hay otros eslóganes graciosos, pero que son meramente anecdóticos, como el “Que se jodan” de la Fabra. Pero si hubiera que elegir un eslogan, uno que nos uniera a todos, un mensaje que fuera realmente decisivo, cargado de verdad y que mirara el problema directamente a los ojos, éste podría ser “Hay alternativas”. Porque las hay. Porque todos sabemos que las hay.

Soberanía popular

Lo que está en juego es la soberanía popular. El Gobierno, democráticamente elegido, está contradiciendo punto por punto sus promesas. Y, en este proceso, está desmantelando el Estado de bienestar. Si el pueblo se levanta y dice “no” -¡no lo desmanteles!-, el Gobierno debe hacer caso. Punto. Las medidas que han emprendido los gobernantes son tan decisivas para el futuro de España -y están tan lejos de lo prometido- que, si no se llevan a cabo con el apoyo popular, pueden considerarse dictatoriales (¡si al menos convocaran un referendum!).

Y frente a una dictadura, hay que actuar decidida, organizada y enérgicamente. No queremos la guerra. Repetimos: NO queremos la guerra. NO queremos violencia. NO queremos retroceder 80 años y volver a matarnos entre primos. Pero NO vamos a tolerar que se nos estafe, que se nos engañe, que se nos ningunee. Somos el pueblo, España es una democracia: somos los soberanos, haced lo que os decimos. Punto.

¿Qué alternativas?

Pues las que indican los expertos. Sociólogos, politólogos, economistas de todo tipo, estamos hartos de escucharlos por la radio. No los “expertos” que están en el Gobierno, sino los que están en Universidades. Ellos, los de las Universidades, no tienen los intereses económicos que pueden tener los políticos de primera línea. Ellos no están comprados.

Ellos, los expertos de las Universidades, han redactado libros como Hay alternativas” o “Lo que España necesita“, en los que dejan muy claro cómo deberíamos hacer las cosas para recuperarnos de ésta. Y precisamente proponen todo lo contrario a lo que se está haciendo.

La necesidad de una revolución (no violenta)

Pero la movilización popular es fundamental para conseguirlo, los mismos expertos lo dicen. Debemos reivindicar nuestra condición de soberanos porque, si no, estamos perdidos. Y la revolución debe hacerse desde ya, de manera no violenta. No se trata -sólo- de salir un día a la calle con pancartas -o de mandar twits a mansalva-, sino de poner en marcha una estrategia que posibilite un cambio real. Los objetivos están sobre la mesa, vamos a por ellos. Ordenadamente.

Instrucciones para una revolución no violenta

Y aquí llega el documental que os proponemos. Se trata de un acercamiento a la vida y obra de Gene Sharp, titulado “Cómo empezar una revolución” y emitido por “Documentos TV” en enero de 2012. Sharp es un filósofo estadounidense que ha dedicado su carrera a promover la lucha no violenta, a favor de pueblos oprimidos y en contra de regímenes tiránicos. Su libro “De la dictadura a la democracia” proporciona las claves para el éxito de las movilizaciones populares, éxito que queda demostrado en su aplicación a los casos de numerosos países, como Birmania o Australia.

El documental ofrece una panorámica muy interesante y esperanzadora sobre las ideas de este nonagenario escritor y nosotros creemos que es responsabilidad de todos los españoles acercarse a ellas. Para luego hacer nuestro propio balance. Para saber en qué medida debemos, queremos y podemos colaborar.

No sabemos qué difusión tendrá este artículo, pero vamos a proponeros una iniciativa (aparte de la de ver el documental). Sharp resalta la importancia de utilizar un único color en las manifestaciones, una ropa que nos iguale a todos, un atuendo que cree espíritu de grupo. En las últimas manifestaciones, los profesores iban de verde, los médicos con bata blanca, los demás funcionarios de negro… Unámonos. Creemos una revolución blanca, tan fácil y tan simple. Todos tenemos en casa una camiseta blanca. Todos podemos ponernos una. Llevar a las manifestaciones otras dos o tres, para repartirlas entre nuestros acompañantes. E incluso organizar un fondo para comprar muchas y distribuirlas entre los demás manifestantes.

Es un paso pequeño. Es un paso simbólico. Pero es un paso.

 

Leer libro “De la dictadura a la democracia”

Leer libro “Hay alternativas”

Leer libro “Lo que España necesita”

De la televisión

En estos días inciertos para las televisiones públicas -ya sean de rango nacional o autonómico- debido a los recortes presupuestarios y otras amenazas que pesan sobre ellas, creemos que conviene reflexionar acerca de la función social que estas instituciones desempeñan. Con tal propósito, mencionamos a continuación algunos puntos que consideramos clave a la hora de decidir sobre su futuro y/o fijar prioridades en cuanto a programación se refiere.

Contexto histórico

Los medios oficiales de comunicación siempre han existido. Si nos remontamos lo suficiente, podríamos incluso considerar que los rapsodas y aedos de la Grecia clásica -que narraban, al ritmo de la música, las aventuras de Ulises y compañía- cumplían una función de divulgadores de la Ética y la Moral oficiales. Pero, sin hilar tan fino, podemos fácilmente remontarnos a los tiempos de los Reyes Católicos y encontrar medios de comunicación de corte oficial que -potenciados por el invento que revolucionaría el mundo: la imprenta- conseguían hacer llegar al pueblo aquella información que los poderosos consideraban de interés. Evidentemente, este tipo de prensa -los “mercurios”, que se llamarían después- se encontraba sometida a un férreo control por parte de los gobernantes que la sufragaban.

Aunque la prensa clandestina -subversiva- creció paralelamente a la prensa de corte oficial, no fue hasta el siglo XVIII que los periodistas -o gacetilleros- empezaron a gozar de cierta autonomía, estableciendo las bases del libre periodismo. Y fueron las revoluciones sociales de finales del XVIII (Revolución Francesa, Estados Unidos…), con sus nuevos sistemas de gobierno -República, Democracia, Monarquía parlamentaria-, las que crearon el campo de juego en el que la prensa se está debatiendo desde entonces.

Principios

  • El poder es del pueblo

En un Estado democrático, como el español, la Soberanía es popular. Aunque se trate de una Democracia representativa -ya que delegamos en ciertas personas para que se encarguen de la gestión estatal-, los ciudadanos tenemos voz y voto en las cuestiones públicas.

  • Para valorar es preciso saber

Es imposible opinar sobre algo que se desconoce. Preguntar a un analfabeto si “hucha” se escribe con hache, no tiene sentido. Del mismo modo, preguntar a un ciudadano si está a favor o en contra de una política de la que jamás ha oído hablar resulta ridículo.

  • Los medios de comunicación crean comunidad

Comunicar significa “poner en común“. Los medios de comunicación sirven para poner en común ideas, hechos, emociones, etc, de modo que un determinado grupo de personas se convierta en una comunidad.

  • Informar, formar y entretener

Las funciones básicas de un medio de comunicación, en un Estado democrático son, por orden de prioridad, las de informar, formar y entretener. Informar para que el ciudadano pueda participar en la vida pública, lo cual es su derecho. Formar para que sus decisiones estén basadas en argumentos sólidos, por el bien de todos. Y entretener, porque el ocio -el juego- forma parte de la esencia humana tanto como el negocio.

  • Vigilancia social

Del mismo modo que, en sociedades complejas, compuestas por millones de personas, delegamos en ciertos individuos y colectividades para que se encarguen de la administración del Estado, también delegamos en otras para que se encarguen de vigilar esa administración e informarnos de lo más relevante: los periodistas.

  • Independencia, libertad e integridad

Para que la información que llegue al pueblo sea útil y no esté contaminada por intereses de cualquier índole, el periodista debe ser independiente de cualquier presión ideológica, libre para expresar sus opiniones, e íntegro en el desarrollo de su labor, conforme a los Códigos Deontológicos de la profesión.

  • Empresa frente a Estado

Si bien a un medio de comunicación privado se le debe exigir que, en sus informaciones, respete la verdad de los hechos, no se le puede exigir que informe, o que forme. Habrá, por ejemplo, en la esfera privada, medios de comunicación totalmente orientados al entretenimiento y esto no es condenable. En cambio, los medios de comunicación públicos -pagados con los impuestos de los ciudadanos- nacen con una vocación de servicio público, es decir, nacen con la función primordial de informar, con verdad, con independencia, con rigor; con la función de formar; y con la función de entretener, si fuera menester. Los dirigentes políticos deben garantizar la efectividad de este servicio público y para ello -para asegurar su total independencia- deberían alejarse por completo de su gestión.

  • Información regional

En una sociedad plural, en un “Estado de las Autonomías”, los medios de comunicación públicos deben reflejar esta pluralidad y propiciar el acceso de todos los ciudadanos, de cualquier región del país, a la información pública. En este principio se basa la existencia de las televisiones autonómicas, por ejemplo, puesto que su función es cubrir en detalle los acontecimientos de la región en que se hallen.

  • Desarrollo socio-económico y cultural

Los medios de comunicación son vehículos de cultura y agentes dinamizadores del desarrollo socio-económico. Al abrigo de una televisión pública, por ejemplo, nacen multitud de empresas dedicadas a labores tan diversas como la construcción de decorados, la grabación de música, la formación de actores, o la iluminación de exteriores. Una televisión potencia el tejido empresarial de una región, crea cientos de puestos de trabajo y diversifica las áreas laborales: es riqueza.

Medidas

Últimamente,  se están adoptando diversas medidas desde la esfera política que van en detrimento de los medios de comunicación públicos. Por ejemplo, se ha modificado la Ley que regulaba el nombramiento del Presidente de Radio Televisión Española. Se ha despedido a 1200 trabajadores de Canal 9. Se ha aprobado un proyecto de Ley que permite a las Autonomías privatizar sus televisiones públicas. Y se han realizado sangrantes recortes presupuestarios, sin mencionar los conocidos impagos por parte del anterior Gobierno del Principado de Asturias a RTPA, que ya se están dirimiendo en los Tribunales y amenazan con hundir la cadena y con ella a decenas de empresas.

Por otra parte, la muy deficiente gestión de algunas televisiones por parte de sus responsables ha llevado a la quiebra técnica y -lo que es peor- al descrédito de estas instituciones. La ciudadanía ha perdido la confianza en los medios de comunicación públicos y ha olvidado que son una herramienta útil a su servicio.

Prioridades

Ante una situación de crisis como la actual, es fundamental fijar prioridades, de modo que se pueda distinguir lo prescindible de lo imprescindible y así reorientar las políticas. Las televisiones públicas son imprescindibles para garantizar la participación ciudadana en la gestión pública. Si se pierden las televisiones públicas, se pierde la Soberanía popular. Su programación puede ser objeto de variaciones -parte de ella será prescindible-, pero una televisión pública siempre tendrá que atender al mandato que la legitima. A tal objeto, proponemos:

  • Que se mantenga la titularidad pública de todas las televisiones públicas.
  • Que se ajuste su dimensión en función del tamaño de la población a la que presten servicio. Esto podría implicar un recorte en las horas de emisión.
  • Que los contenidos primen la información -en sus múltiples géneros: noticia, reportaje, crónica, documental…- y la formación, en detrimento de contenidos de entretenimiento (series, reality shows, eventos deportivos…)
  • Que los contenidos sean producidos por la propia plantilla de la televisión, o por empresas de su área de influencia, con especial presencia de las pequeñas y medianas.
  • Que se potencie la colaboración entre distintas televisiones con el fin de compartir contenidos que tengan interés fuera de sus respectivas áreas de influencia. Esto se traduce en una eficaz reestructuración de la Federación de Organismos de Radio Televisión Autonómicos (FORTA).
  • Que se modifiquen los Estatutos de las televisiones públicas de modo que sus Consejos de Administración no estén compuestos por políticos, sino por notables procedentes de las Universidades y por periodistas de reconocido prestigio que garanticen la independencia del medio.
  • Que se pulse la opinión de los trabajadores de las distintas cadenas y se implementen mejoras propuestas por ellos.
  • Que se modifique la legislación de Derechos de Autor en un sentido que permita y promueva la utilización por parte de los ciudadanos de los fondos documentales de las televisiones públicas.
  • Que la gestión de las televisiones esté permanentemente sometida a auditorías externas, de modo que se garantice la transparencia en la contratación y la eficiencia de las inversiones.
  • Que se depuren responsabilidades por vía penal de las gestiones anteriores.

Todo lo anterior se ha dicho en referencia exclusiva a las televisiones públicas y no aspira más que a ser un análisis somero de la situación y una propuesta de mejora. Si quisiera hacerse hincapié en el estado actual del periodismo en España, habría que hablar sobre la transparencia -la opacidad- de la Administración, sobre el despotismo de algunos dirigentes (que celebran ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas), sobre la precaria situación laboral de los trabajadores, sobre el intrusismo laboral y sobre otras mil cuestiones que exceden los límites de este editorial y que pueden leerse en manifiestos de las Asociaciones de Periodistas, o de Reporteros Sin Fronteras. Y es que, del mismo modo que el ciudadano tiene derecho a ser informado, también tiene el deber de informarse.

Dossier RTPA

El futuro de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), emisora pública creada en el año 2005, es incierto. A día de hoy, el Ente Público de Radiotelevisión ha dejado de percibir por parte del Principado los fondos que lo sostienen. Consecuentemente, los proveedores que han suscrito contratos con RTPA no están cobrando. Y los empleados están en vilo, puesto que la directiva de la Entidad asegura que no cuenta con dinero suficiente para abonar las nóminas de este mismo mes.

La intención del Gobierno del Principado es la de prescindir de una televisión autonómica que considera superflua y gravosa, lo cual ya había sido expresado en el programa electoral de su partido, Foro Asturias. En una situación de crisis, argumentan, la última prioridad es una televisión pública.

Demanda

RTPA ya ha anunciado que demandará al Gobierno del Principado de Asturias por un impago que inevitablemente desembocará en el cierre de la Entidad. Porque, aunque se estén manejando los términos “recorte” o “ajuste”, lo cierto es que el impago que se está produciendo no es ninguna de estas dos cosas.

Los presupuestos destinados al mantenimiento de la emisora durante el año 2011 fueron aprobados por la Junta General del Principado en 2010 y publicados en la Ley de Presupuestos, por lo que al Gobierno actual le corresponde, con la Ley en la mano, atender a los pagos pertinentes, fuera cual fuera su programa electoral.

Hay que tener en cuenta que RTPA, basándose en los presupuestos aprobados, ha establecido contratos a lo largo de todo el año con proveedores de todo tipo, desde servicios de conexión vía satélite, hasta producción de contenidos, pasando por los servicios más básicos de mantenimiento, limpieza, electricidad, agua… Si RTPA no recibe el dinero que iba a recibir, no podrá atender a las facturas de sus proveedores los cuales, naturalmente, dejarán de prestarle servicio e iniciarán acciones legales contra ella.

Procedimientos

Antes o después, el Principado pagará sus deudas. Lo que sucede es que, si no reacciona a tiempo y el asunto se resuelve en los tribunales, el contribuyente tendrá que sufragar no sólo la cantidad que ahora se debe, sino también las multas por impago, las indemnizaciones por daños y perjuicios y las costas judiciales. Es decir, con esta medida, no sólo no se ahorra, sino que se pierde mucho dinero y se sobrecarga inútilmente los tribunales.

Si se desea cerrar una empresa pública (el Ente de Radiotelevisión del Principado es una Sociedad Anónima Unipersonal), o redimensionarla, ésta no es la vía. Es en la Junta General del Principado donde se deben dirimir tales cuestiones, y siempre en atención a los presupuestos del año siguiente. Si el presupuesto de 37 millones de euros anuales con que cuenta hoy RTPA es demasiado para unas arcas castigadas, se puede consensuar un presupuesto inferior. Si se desea reconvertir la empresa, aumentar en ella la participación privada -o privatizarla por completo-, cabe la posibilidad de hacerlo. Si se desea cerrarla, existen los procedimientos oportunos. Pero desatender las deudas nunca es una buena política.

Consecuencias 

De hecho, Asturias ya está pagando las consecuencias. La Agencia Internacional de Calificación Crediticia Fitch ha rebajado la nota de solvencia de la región, lo cual constituye el prólogo a una estampida de inversores. Desde múltiples foros se está demandando al Gobierno asturiano que pague sus deudas.

Los empleados de RTPA, por su parte, ya han iniciado una recogida de firmas contra el cierre. La mayoría de ellos obtuvieron su plaza mediante oposición (o concurso oposición) cinco años atrás y no entienden que la Administración se desentienda de este modo de las obligaciones contraídas.

El sector del audiovisual en Asturias se encuentra en plena emergencia. La creación en 2005 de la RTPA sirvió para que en un plazo de dos años se formaran 22 nuevas empresas audiovisuales en la región (un aumento del 19 por ciento sobre la cantidad anterior). Se calcula que en torno a 1000 familias obtienen hoy sus ingresos mediante actividades relacionadas con el Ente. RTPA ha propiciado la creación de un Cluster del Audiovisual en Asturias, de la Asturias Film Commission y ha posibilitado la existencia de la mayor escuela audiovisual de la región; en definitiva, ha impulsado el sector, haciéndole alcanzar cotas imposibles anteriormente. Pero esta andadura comenzó hace poco más de cinco años, y el audiovisual asturiano apenas ha tenido tiempo de despegar.

Gestión

Ciertamente, la gestión del Ente en los últimos años es criticable. No se ha fomentado tanto el desarrollo de empresas de la región como sería deseable. Por ejemplo, se han destinado inversiones millonarias a la adquisición de Derechos de retransmisión de la Fórmula 1, o de la Liga de fútbol, cuando estos contenidos estaban siendo emitidos simultáneamente por cadenas nacionales. Se ha practicado una opacidad en la contratación que fue denunciada por la Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA). Se ha abusado de las conexiones en directo durante los informativos, no siempre justificadas, con el alto coste que ello implica. Y, según Francisco Álvarez Cascos, presidente del Principado, es un medio que “se ha puesto al servicio de la vanidad del Gobierno”.

No obstante, Demométrica ha realizado una encuesta según la cual el 81 por ciento de los asturianos está satisfecho con RTPA. En buena medida, este balance positivo del ciudadano se basa en que el servicio que presta una televisión autonómica no tiene sustitutivos, es decir, ninguna televisión nacional ofrecerá la misma atención a una región en concreto que una televisión autonómica, y ése es un factor a tener en cuenta.

Reconversiones

El gran peso de la minería, la industria, la pesca y la ganadería en Asturias a lo largo del siglo XX provocó que, en los albores del siglo XXI, frente a la nueva situación impuesta, la economía asturiana tuviera que reconvertirse. Las actividades tradicionales dejaron de ser rentables para la región, el cumplimiento de la normativa europea restó competitividad y los asturianos se vieron obligados a explorar nuevos sectores productivos. Creció entonces exponencialmente el peso del turismo y también, progresiva y consecuentemente, el de la Cultura. La creación y acondicionamiento del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura ejemplifican bien esta reconversión.

RTPA acude a apoyar, desde la Cultura y desde las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, esta diversificación de la actividad económica de la región. No sólo crea empleo en el sector de la televisión, sino que sirve de embajador en todo el mundo a través de su canal en Internet -muy especialmente en Iberoamérica- y la producción cinematográfica asturiana, aunque aún es incipiente, podría encontrar a un gran aliado en la cadena, si ésta se mantuviera.

Su cierre denotaría un drástico cambio en las políticas de reconversión económica, más cuando también se teme por el futuro del Centro Niemeyer. ¿Asturias ya no aspira a convertirse en potencia turística, en capital cultural? ¿A qué han de dedicarse los asturianos, en qué deben invertir? ¿Dónde está la clave de la riqueza en Asturias? Volver a la mina no es una alternativa, después de haber cobrado millones de euros de los fondos europeos para la reconversión, así que la vía del turismo y la Cultura, toda vez que ya son caminos iniciados, no parecen tan mala opción.

Que TPA necesita un cambio -una evolución- es algo que incluso los propios empleados reconocen, pero su extinción, lejos de resolver la crisis, contribuirá a agravarla. Y en cualquier caso si -tal y como reza su Constitución- España es un Estado de Derecho, sería exigible que el Gobierno pagara sus deudas y cumpliera las leyes.