Nace Tm-Ex

En esta semana iniciaba sus emisiones Tm-Ex, una webtv creada por algunos de los trabajadores despedidos de Telemadrid durante el último ERE, que ha afectado al 80 por ciento de la plantilla. Nace con vocación de servicio público y el objetivo de ofrecer a los ciudadanos de Madrid «información no contaminada» y «un medio de comunicación cercano que cuente sus problemas y que les escuche».

Aunque todavía son pocos los vídeos que se pueden ver en la plataforma, la orientación de los contenidos habla de una televisión combativa que centra especialmente su mirada en conflictos sociales contados desde el punto de vista del ciudadano (con el ERE de Telemadrid aún como principal protagonista).

Cómo va a financiarse esta nueva televisión no queda muy claro ya que, según indica su página de presentación, está compuesta por 821 trabajadores -lo que supone millones de euros anuales en nóminas-, emite en abierto -gratis- y los contenidos cuentan con licencia Creative Commons. Ningún patrocinio privado -que conste-, el alejamiento de «cualquier grupo de poder» y una constitución más o menos impulsiva e improvisada (a raíz de la «Marea blanca» de diciembre de 2012), permiten anunciar dificultades financieras a corto y medio plazo, a no ser que el ímpetu y la vocación den paso a una perspectiva comercial y sostenible y los manifiestos y proclamas se sustituyan por un plan de viabilidad empresarial.

Acceder a Tm-Ex

De la televisión

En estos días inciertos para las televisiones públicas -ya sean de rango nacional o autonómico- debido a los recortes presupuestarios y otras amenazas que pesan sobre ellas, creemos que conviene reflexionar acerca de la función social que estas instituciones desempeñan. Con tal propósito, mencionamos a continuación algunos puntos que consideramos clave a la hora de decidir sobre su futuro y/o fijar prioridades en cuanto a programación se refiere.

Contexto histórico

Los medios oficiales de comunicación siempre han existido. Si nos remontamos lo suficiente, podríamos incluso considerar que los rapsodas y aedos de la Grecia clásica -que narraban, al ritmo de la música, las aventuras de Ulises y compañía- cumplían una función de divulgadores de la Ética y la Moral oficiales. Pero, sin hilar tan fino, podemos fácilmente remontarnos a los tiempos de los Reyes Católicos y encontrar medios de comunicación de corte oficial que -potenciados por el invento que revolucionaría el mundo: la imprenta- conseguían hacer llegar al pueblo aquella información que los poderosos consideraban de interés. Evidentemente, este tipo de prensa -los «mercurios», que se llamarían después- se encontraba sometida a un férreo control por parte de los gobernantes que la sufragaban.

Aunque la prensa clandestina -subversiva- creció paralelamente a la prensa de corte oficial, no fue hasta el siglo XVIII que los periodistas -o gacetilleros- empezaron a gozar de cierta autonomía, estableciendo las bases del libre periodismo. Y fueron las revoluciones sociales de finales del XVIII (Revolución Francesa, Estados Unidos…), con sus nuevos sistemas de gobierno -República, Democracia, Monarquía parlamentaria-, las que crearon el campo de juego en el que la prensa se está debatiendo desde entonces.

Principios

  • El poder es del pueblo

En un Estado democrático, como el español, la Soberanía es popular. Aunque se trate de una Democracia representativa -ya que delegamos en ciertas personas para que se encarguen de la gestión estatal-, los ciudadanos tenemos voz y voto en las cuestiones públicas.

  • Para valorar es preciso saber

Es imposible opinar sobre algo que se desconoce. Preguntar a un analfabeto si «hucha» se escribe con hache, no tiene sentido. Del mismo modo, preguntar a un ciudadano si está a favor o en contra de una política de la que jamás ha oído hablar resulta ridículo.

  • Los medios de comunicación crean comunidad

Comunicar significa «poner en común«. Los medios de comunicación sirven para poner en común ideas, hechos, emociones, etc, de modo que un determinado grupo de personas se convierta en una comunidad.

  • Informar, formar y entretener

Las funciones básicas de un medio de comunicación, en un Estado democrático son, por orden de prioridad, las de informar, formar y entretener. Informar para que el ciudadano pueda participar en la vida pública, lo cual es su derecho. Formar para que sus decisiones estén basadas en argumentos sólidos, por el bien de todos. Y entretener, porque el ocio -el juego- forma parte de la esencia humana tanto como el negocio.

  • Vigilancia social

Del mismo modo que, en sociedades complejas, compuestas por millones de personas, delegamos en ciertos individuos y colectividades para que se encarguen de la administración del Estado, también delegamos en otras para que se encarguen de vigilar esa administración e informarnos de lo más relevante: los periodistas.

  • Independencia, libertad e integridad

Para que la información que llegue al pueblo sea útil y no esté contaminada por intereses de cualquier índole, el periodista debe ser independiente de cualquier presión ideológica, libre para expresar sus opiniones, e íntegro en el desarrollo de su labor, conforme a los Códigos Deontológicos de la profesión.

  • Empresa frente a Estado

Si bien a un medio de comunicación privado se le debe exigir que, en sus informaciones, respete la verdad de los hechos, no se le puede exigir que informe, o que forme. Habrá, por ejemplo, en la esfera privada, medios de comunicación totalmente orientados al entretenimiento y esto no es condenable. En cambio, los medios de comunicación públicos -pagados con los impuestos de los ciudadanos- nacen con una vocación de servicio público, es decir, nacen con la función primordial de informar, con verdad, con independencia, con rigor; con la función de formar; y con la función de entretener, si fuera menester. Los dirigentes políticos deben garantizar la efectividad de este servicio público y para ello -para asegurar su total independencia- deberían alejarse por completo de su gestión.

  • Información regional

En una sociedad plural, en un «Estado de las Autonomías», los medios de comunicación públicos deben reflejar esta pluralidad y propiciar el acceso de todos los ciudadanos, de cualquier región del país, a la información pública. En este principio se basa la existencia de las televisiones autonómicas, por ejemplo, puesto que su función es cubrir en detalle los acontecimientos de la región en que se hallen.

  • Desarrollo socio-económico y cultural

Los medios de comunicación son vehículos de cultura y agentes dinamizadores del desarrollo socio-económico. Al abrigo de una televisión pública, por ejemplo, nacen multitud de empresas dedicadas a labores tan diversas como la construcción de decorados, la grabación de música, la formación de actores, o la iluminación de exteriores. Una televisión potencia el tejido empresarial de una región, crea cientos de puestos de trabajo y diversifica las áreas laborales: es riqueza.

Medidas

Últimamente,  se están adoptando diversas medidas desde la esfera política que van en detrimento de los medios de comunicación públicos. Por ejemplo, se ha modificado la Ley que regulaba el nombramiento del Presidente de Radio Televisión Española. Se ha despedido a 1200 trabajadores de Canal 9. Se ha aprobado un proyecto de Ley que permite a las Autonomías privatizar sus televisiones públicas. Y se han realizado sangrantes recortes presupuestarios, sin mencionar los conocidos impagos por parte del anterior Gobierno del Principado de Asturias a RTPA, que ya se están dirimiendo en los Tribunales y amenazan con hundir la cadena y con ella a decenas de empresas.

Por otra parte, la muy deficiente gestión de algunas televisiones por parte de sus responsables ha llevado a la quiebra técnica y -lo que es peor- al descrédito de estas instituciones. La ciudadanía ha perdido la confianza en los medios de comunicación públicos y ha olvidado que son una herramienta útil a su servicio.

Prioridades

Ante una situación de crisis como la actual, es fundamental fijar prioridades, de modo que se pueda distinguir lo prescindible de lo imprescindible y así reorientar las políticas. Las televisiones públicas son imprescindibles para garantizar la participación ciudadana en la gestión pública. Si se pierden las televisiones públicas, se pierde la Soberanía popular. Su programación puede ser objeto de variaciones -parte de ella será prescindible-, pero una televisión pública siempre tendrá que atender al mandato que la legitima. A tal objeto, proponemos:

  • Que se mantenga la titularidad pública de todas las televisiones públicas.
  • Que se ajuste su dimensión en función del tamaño de la población a la que presten servicio. Esto podría implicar un recorte en las horas de emisión.
  • Que los contenidos primen la información -en sus múltiples géneros: noticia, reportaje, crónica, documental…- y la formación, en detrimento de contenidos de entretenimiento (series, reality shows, eventos deportivos…)
  • Que los contenidos sean producidos por la propia plantilla de la televisión, o por empresas de su área de influencia, con especial presencia de las pequeñas y medianas.
  • Que se potencie la colaboración entre distintas televisiones con el fin de compartir contenidos que tengan interés fuera de sus respectivas áreas de influencia. Esto se traduce en una eficaz reestructuración de la Federación de Organismos de Radio Televisión Autonómicos (FORTA).
  • Que se modifiquen los Estatutos de las televisiones públicas de modo que sus Consejos de Administración no estén compuestos por políticos, sino por notables procedentes de las Universidades y por periodistas de reconocido prestigio que garanticen la independencia del medio.
  • Que se pulse la opinión de los trabajadores de las distintas cadenas y se implementen mejoras propuestas por ellos.
  • Que se modifique la legislación de Derechos de Autor en un sentido que permita y promueva la utilización por parte de los ciudadanos de los fondos documentales de las televisiones públicas.
  • Que la gestión de las televisiones esté permanentemente sometida a auditorías externas, de modo que se garantice la transparencia en la contratación y la eficiencia de las inversiones.
  • Que se depuren responsabilidades por vía penal de las gestiones anteriores.

Todo lo anterior se ha dicho en referencia exclusiva a las televisiones públicas y no aspira más que a ser un análisis somero de la situación y una propuesta de mejora. Si quisiera hacerse hincapié en el estado actual del periodismo en España, habría que hablar sobre la transparencia -la opacidad- de la Administración, sobre el despotismo de algunos dirigentes (que celebran ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas), sobre la precaria situación laboral de los trabajadores, sobre el intrusismo laboral y sobre otras mil cuestiones que exceden los límites de este editorial y que pueden leerse en manifiestos de las Asociaciones de Periodistas, o de Reporteros Sin Fronteras. Y es que, del mismo modo que el ciudadano tiene derecho a ser informado, también tiene el deber de informarse.