Archienemigos

Con todos los esfuerzos que estamos haciendo por levantar el país, bien podría el pueblo agradecer nuestros desvelos. Nosotros, que estamos enteramente entregados a la causa pública, a la Constitución, a los Derechos Humanos, ¡a la libertad!; que apenas cobramos y que no anhelamos ni poder ni gloria. Nosotros, que mantenemos a raya a los verdaderos enemigos, que procuramos la bonanza económica, que velamos por los necesitados, deberíamos ser, si no alabados, sí al menos reverenciados.

Archienemigos

Y mientras tanto, mientras que nosotros levantamos el país, otros se lucran en la sombra. Trapaceros que hinchan sus bolsillos gracias a nuestra impecable gestión, vagos que fingen investigar y que encima piden becas, huraños ávidos de negocio, vendedores de cualquier cosa a cualquier precio… Archienemigos de la Patria, eso son, avariciosos miserables venidos a más. Los conocemos como «trabajadores autónomos», pero deberíamos llamarlos «demonios», «diablos», «Belcebú en persona», porque no existe mal mayor.

Afortunadamente, hemos encontrado el modo de frenar sus ansias expansivas. En el Reino Unido aún no se han dado cuenta, pero el mejor modo de deshacernos de esta panda de emprendedores es fijar unas tasas que impidan su actividad. Luego también podemos complicar los trámites, despojarles de su derecho a un subsidio de desempleo, negarles el crédito, y cosas así.

Y de este modo, abatiendo a nuestros archienemigos, conseguiremos por fin implantar un nuevo régimen en el que nosotros, los elegidos, ocupemos el lugar que nos corresponde.

Habitantes

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25.1)

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. (Constitución Española. Artículo 47)

Dice una de las entrevistadas que solo tomando el Derecho Humano a la Vivienda como punto de partida esencial podremos elaborar una política de vivienda que rompa con el paradigma actual. Un paradigma que se caracteriza, según ella misma, por tener -de un lado- a cientos de miles de familias en la calle y -del otro- millones de pisos vacíos.

Tiene razón.

En los juegos de naipes, la cosa está clara: la carta más alta, gana. Y en el mundo de las leyes sucede lo mismo: la ley más alta, gana. Por eso no todas las leyes -ni todos los tribunales- tienen la misma posición en la jerarquía. La Constitución está arriba, es nuestra norma más importante, y todas las demás están por debajo. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional está en la cúspide de la judicatura, y todos los demás se someten a él.

Porque sucede con las leyes algo curioso: que no se pueden contradecir entre sí. Es una regla lógica: todas deben ser coherentes unas con otras. ¿Y en caso de duda? Pues sí, en caso de duda, la más alta, gana.

Sucede además otra cosa con las leyes, y es que tienen algo a lo que se ha llamado «espíritu». Como en las personas, el «espíritu» de las leyes no se puede ver, no se puede tocar ni oler, pero se puede intuir. Y ese «espíritu» es al final el que debe guiar las interpretaciones de la Ley. Pero ahora lo veréis más claro, con el ejemplo que os hemos preparado.

Espíritu, principios y normas

Nuestra Constitución, ya en el preámbulo -pero también en su Artículo 10- abraza la Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, dice que «las normas relativas a derechos fundamentales […] se interpretarán de conformidad» con dicha Declaración.

Recordemos algo obvio: que los Derechos Humanos son aplicables a cualquier humano, por el hecho de serlo. Y teniendo en cuenta que nuestra Constitución -la española- reconoce esos derechos, podemos concluir que la Declaración de Derechos Humanos -en España- tiene valor de Ley. No una ley cualquiera, sino la más importante, la que está por encima de todas.

Si ése es el espíritu de nuestra Constitución, si esos son nuestros principios fundamentales, ninguna ley española debería contradecir ese espíritu. Y si el Derecho a una vivienda digna está allí contemplado, podemos concluir que ninguna ley que se interponga en el cumplimiento de este Derecho es válida. Ninguna.

Órdago

Así que, con la Constitución en la mano, podemos lanzar un órdago a la grande. Sin miedo. Porque nuestras cartas son las más altas, es imposible que perdamos.

¿Y si nuestro contrincante saca la carta de la Ley Orgánica? Da igual: ganamos. ¿Y la carta del Decreto Ley? Pues ganamos por goleada. ¿Y si recurre a las demás normas, a contratos, a sentencias, o a la mismísima carta a los Reyes Magos? Pues da igual: nuestro órdago prosperará.

Porque no se ha legislado para que todos tengamos una vivienda digna, sino para que todos tengamos el derecho a comprar una vivienda. ¿Y si no podemos comprar ninguna vivienda? Pues a la calle.

Visto así, el panorama cambia. Cualquier acción encaminada a despojarnos de nuestras viviendas, sin realojarnos en una digna, es ilegal. Porque -recordemos- nuestra Ley es la más importante, nuestra Ley gana.

Pero es que, además, desahuciarnos para dejar nuestro apartamento vacío va más allá de la ilegalidad: es una inmoralidad. Y eso no se puede permitir.

PAH

Por lo tanto, la famosa PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) está reivindicando que se cumpla la Ley, nada más. Y de paso, que volvamos a la moral que nos legitima como pueblo, a los principios que nos rigen, al espíritu que nos alienta.

Es un nombre horroroso, PAH. Hubiera sido mejor «Colectivo Vivienda» o simplemente «Habitantes». Porque quizás no todos estemos «afectados por la hipoteca» -de hecho, muchos no podemos siquiera pensar en que nos concedan una hipoteca-, pero todos somos «habitantes», todos necesitamos un techo para guarecernos de este frío. Y todos tenemos derecho a él. Por humanos.

El documental

Es correcto. Alineado, como es lógico, con el colectivo (y por tanto con la Constitución Española), ofrece una panorámica coral de este fenómeno, en la que se escuchan voces cualificadas -un juez, un notario…-, pero en la que sobre todo resuena un trágico aullido de miseria compartida, de injusticia asentada, de pánico.

Es nuestro aullido, el de las víctimas… Bien arropado.

Más madera

El tema es complejo y delicado. Cárceles privadas.

Supongamos que somos los gerentes de una empresa estadounidense, una que se dedica a gestionar cárceles. Tenemos que mantener con vida a los reclusos -nutridos, aseados-, asegurarnos de que no escapen, y esas cosas que se hacen en las cárceles. ¿Quién nos paga por ese trabajo? Pues una parte la paga el Estado, pero no es suficiente, así que la otra parte la tenemos que buscar nosotros. Y decidimos que los presos -esos tíos grandes, fuertes y tatuados- además de comer, dormir y pelearse, van a tener que trabajar. Porque, de hecho, están obligados, por ley, a trabajar. Y nosotros, como buenos estadounidenses, cumplimos las leyes.

Entonces montamos, en la cárcel, una fábrica de algo… No sé… De botas. Para que trabajen. Para que paguen su sustento. Para cumplir la ley.

Con las botas conseguiremos no sólo tener a los presos ocupados, sino también una buena cantidad de dinero, dinero que luego invertiremos en mantener la cárcel, en llenarnos los bolsillos -dinerito, dinerito-, y en pagar (poco, lo menos posible) a nuestros forzosos trabajadores.

¿Qué pasará si hacemos unas botas muy buenas, muy bonitas y muy baratas? Pues que todo el mundo querrá comprar unas. Y entonces, nosotros, como buenos empresarios, viendo que allí hay negocio, querremos fabricar más botas, para ganar más dinero.

¿Qué necesitaremos para eso? Obviamente, más presos.

Acabamos de describir un hecho que pasa desapercibido: a muchas empresas les interesa que haya muchos presos, que haya muchas cárceles. Son mano de obra barata.

El trabajo te hará libre…

…se leía en los campos nazis de concentración. Y esto es cierto, hasta cierto punto. Para que una persona se integre en la sociedad, es fundamental que trabaje. Eso le dará seguridad, independencia, satisfacción… Y además, mirado desde un punto de vista social, el preso tiene una deuda con el resto de la sociedad: ha delinquido, ha originado dolor, problemas a los demás; tiene que pagar. Mantenerle gratis no parece una solución muy buena, aunque sea encerrado, porque encerrado, quieto, no repara el daño causado. Y tampoco se integra. Que trabaje.

Pero pensemos en las galeras. Allí, a remar, iban los presidiarios. Cuando uno moría, había que reemplazarlo por otro. Y muchas galeras (léase «muchas botas») es sinónimo de muchos presidiarios.

Sabemos cómo se hacen las cosas (tarde, mal y nunca, que se dice). Y tenemos un dato muy revelador: en Estados Unidos crece constantemente la población de reclusos. ¿Qué pasa? ¿Son más malos que nunca? ¿O podría ser que hubiera más demanda de presos que nunca?

Hospitales

En España llegamos tarde a eso de privatizarlo todo. Aunque hemos empezado con ímpetu, somos todavía novatos. No tenemos cárceles privadas, pero ya nos hemos lanzado con hospitales, colegios y sitios así. En los hospitales, por ejemplo, cuando hayamos aprendido todos los trucos, cuando la sanidad sea por fin privada, cuando esta lógica comercial que venimos describiendo se despliegue en toda su magnitud, sólo nos harán las pruebas médicas que sean rentables para la empresa contratista, no las que sean necesarias. Estaremos ingresados el tiempo justo para que nuestra estancia cause beneficios. Y si pueden ponernos a hacer macramé mientras que estamos en cama, lo harán (¿qué haces ahí tumbado?). El hecho innegable es que, como en las cárceles americanas, los beneficios determinarán el servicio.

El documental

«El negocio de las cárceles» quiere ser tan neutral, su directora se moja tan poco, que termina siendo un alegato a favor de la privatización. Por eso nos hemos centrado en los contras, porque ahora, cuando lo veáis, os daréis cuenta de lo ricos que vamos a ser todos cuando por fin consigamos vender nuestros derechos.

 

Demoliciones kármicas

Grupos de ayuda mutua, terapias teosóficas, Yoga, Chi Kung, Ayurvedha y hasta mil disciplinas están de acuerdo. Existe algo, a lo que comúnmente se denomina «Karma», que hace las veces de balanza, una ley universal de retribución por las obras hechas en vida. Creamos o no en la reencarnación, los humanos tenemos algo así como una noción primigenia -instintiva- de lo que está bien o mal. Estaremos de acuerdo en que aquello que construye, aquello que beneficia a los demás tanto como a uno mismo, es positivo, es bueno. En cambio, lo que destruye, lo que perjudica a los demás (aunque con ello se beneficie uno mismo) es negativo, es malo.

La burbuja

Pensaba uno, iluso, hace años, que la famosa burbuja inmobiliaria, al final, traería algo bueno, al menos para el pueblo. Si los constructores, ávidos de riqueza, se ponían a edificar como locos, por lo menos, cuando acabaran, habría pisos para todos. Esto podría incluso redundar en su karma: llevados por la avaricia, sí, pero construyendo. Ay, amigo.

La burbuja estalló y esto fue un «sálvese quien pueda». Los bancos se vieron con suficientes pisos como para desterrar la famosa batería de cocina y cambiarla por apartamentos en Benidorm (eso sí que sería «fresh banking»), pero ningún publicista consiguió convencerlos de ello. Ni siquiera bajaron los precios, qué va. Chulos ellos, potentes y potentados, dijeron «¿no compráis los pisos? Pues no los compréis». Ea.

Y siguen igual. Con miles de pisos inhabitados, vacíos. Algunos nuevos. Algunos sin terminar, expropiados a constructores que quisieron ordeñar la vaca un poco más, a última hora («que sí, que aquí yo hago dos mil pisos y me los quitan de las manos»). El caso es que no los venden ni a tiros, los bancos, porque se niegan a bajarlos de precio. Y como se niegan a bajarlos de precio -y no los venden- están al borde de la bancarrota. Y como los bancos no pueden quebrar -debido no sé a qué ley kármica-, pues los españoles hemos pedido a Europa un crédito de unos cien mil milloncejos para que estos bancos puedan seguir sin bajar el precio de sus pisos. Bien, ¿eh? Fácil.

¿¿Karma??

Y llegamos a la noticia esa. Sí, la de los irlandeses, la que dice que han decidido derruir los pisos que no se venden. Como lo oyen. La Ministra de Vivienda dice que, claro, «como nadie quiere vivir en ellos, lo más práctico es demolerlos». Qué bien pensado. Qué argumento. Demoledor.

Pasaba con la fruta. Si un año venía mucha fresa, y se veía que el precio iba a bajar, pues la tirábamos al mar. Lo importante era mantener el precio. No dar de comer al hambriento. No dar cobijo al indigente, no. Lo importante es mantener el precio.

A ojos de un niño -párvulo, casi inmaculado-, aquellos agricultores que tiraban la comida eran monstruos. De hecho, ver en el mismo informativo a una negra y raquítica mujer, muriendo de hambre bajo el inclemente sol africano, y a un grupo de blancos y orondos agricultores, tirando toneladas de fresas al mar, era motivo suficiente como para despreciar al conjunto de la especie humana (¿al conjunto?). Pero eso era años atrás, sí, cuando éramos niños. Ahora, de adultos, comprendemos que lo importante es mantener el precio, hombre no, faltaría más. Y si no tienes dinero para comprar un piso, pues a la (p***) calle.

Monstruos, por lo menos.

Pero nos queda el Chi Kung, hombre. Tenemos el karma (menos mal que somos budistas). Y si no, que se lo digan a Jorge Cordero, que lleva más de dos meses en huelga de hambre en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, asceta él. O a ese 21 por ciento de la población española -y creciendo- que vive en riesgo de pobreza, con un techo de uralita que cualquier día miras y no está. Si no fuera por nuestra confianza en un Orden superior que -antes o después- pone a cada cual en su sitio, estaríamos tentados de demoler -esta vez sí, con razón- la casa de la propia ministra irlandesa.

¿Cómo se puede tener la desvergüenza de decir que la gente «no quiere» los pisos? ¿Que si los regalan los rechazamos acaso? ¿Cómo un Estado -«la Verde Erín», por cierto- que proclama el Derecho Universal a una vivienda digna, puede permitirse siquiera tontear con esa idea?

España es la próxima, eso está claro: el karma nos la trae al pairo. Aunque el Censo de 2011 aún no está acabado, un avance de los datos dice que tenemos entre cinco y seis millones de viviendas vacías. Y recordemos que no cuentan las «segundas viviendas». Cinco millones de casas sin habitar: va a hacer falta una fuerte inversión para derruirlas. Y se pregunta uno, ya no tan niño, ya no tan iluso, nada inmaculado… ¿convocarán ayudas europeas para la demolición? ¿Las sacarán a concurso?

Wikileaks detiene su actividad

Wikileaks se ha visto obligada a detener la publicación de nuevos contenidos debido al bloqueo financiero a que está siendo sometida. Desde diciembre de 2010, VISA, Mastercard y Paypal se niegan a prestar servicio a esta plataforma especializada en desvelar información secreta. Según su editor, Julian Assange, Wikileaks ha dejado de ingresar en este periodo el 95 por ciento de las donaciones (unos 50 millones de euros) que habría recibido si estas corporaciones le hubieran prestado servicio.

El Derecho a la Libertad de Información está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 19) y tiene dos vertientes, la activa y la pasiva, es decir, todos los humanos tienen derecho tanto a informar como a ser informados. Las Democracias occidentales incorporan en su legislación el principio de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros de la Administración, salvo si este acceso vulnera la seguridad del Estado (como en el caso de los planes de Defensa), la averiguación de delitos (el denominado «Secreto de Sumario», mientras un tribunal está instruyendo un caso), o la intimidad de las personas (Constitución Española. Artículo 105 b). El resto de los documentos de la Administración son públicos y por tanto, de libre acceso para cualquiera que los solicite.

Wikileaks ha vulnerado en algunas ocasiones estos límites, publicando informes de Defensa, así como información de entidades privadas -bancos o empresas- pero en general se ha dedicado a divulgar información que por ley debería estar a disposición pública.

Desde diversos ámbitos se ha intentado detener la actividad de la plataforma, pero sin éxito hasta la fecha. Parece que, al final, la asfixia financiera es el arma más poderosa contra la que se enfrenta Assange. No obstante, Wikileaks ha demandado a VISA y a Mastercard por violar las leyes antimonopolio de la Unión Europea -cuya resolución se espera para mediados de noviembre- y está ensayando vías alternativas de financiación. Por lo pronto, ha lanzado una campaña global («Wikileaks need you«) y ha puesto en marcha un dispositivo que burla el bloqueo financiero.

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